Ante la noticia aparecida en prensa que ha obligado a la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha (FEMP-CLM) a redactar de nuevo el pliego de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas y proceder a una nueva convocatoria de licitación de la segunda fase del proyecto CLIME de ahorro energético en alumbrado e instalaciones municipales, en cumplimiento con la resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales que ha anulado algunas de las cláusulas del procedimiento ya iniciado. Debemos recordar que denunciamos en la sesión plenaria de septiembre de 2017 que el proyecto en su segunda fase no era sostenible ni se debía admitir, porque administrativamente no garantizaba procesos de licitación transparentes; pero sobre todo para nosotros es preocupante que la FEMP piense que la modificación del pliego salva esta situación, cuando lo peligroso es el propio acuerdo por el que la FEMP garantiza ese trabajo a una empresa o grupo de empresas quedando este proyecto en lo mismo lugar que tantos otros antes. Garantizar el trabajo a unos «amigos» para el beneficio de ellos legitimándolo con la modificación de dicho pliego. PSOE y PP van de la mano en este modelo de contratación.
Nosotros seguimos a lo nuestro: defendemos que son trabajos que pueden acometer los trabajadores municipales o licitándolo por parte del ayuntamiento y así abrir la posibilidad a que las labores provengan del propio municipio, fomentando el desarrollo local, cosa que con el plan de la FEMP se antoja imposible.
No nos gusta el CLIME ni antes de rechazar la cláusula, ni ahora que los tribunales «nos dan la razón»: la FEMP no puede ser intermediario empresarial para unos pocos a cambio de proponer servicios a los ayuntamientos con una economía de escala que no existe porque solo se han acogido 58 municipios a fecha octubre de 2017 (fuente: comunicaciones de FEMP – CLM en medios de comunicación)
El PSOE debe cuestionarse si la celebración de un acuerdo marco con una única empresa no representa una concentración de volumen de contratación que resulta lesivo para el resto de empresas. La utilización conjunta del Acuerdo marco y de la centralización de compras supone una de las grandes restricciones a la competencia y a la participación de las PYMES en la contratación pública.
Por tanto no queremos enmendar pliegos, no queremos que los tribunales digan que cláusulas tienen que modificar. Lo que queremos es que no existan cláusulas, que no existan pliegos, que la privatización de un servicio que el Ayuntamiento puede acometer no se produzca.
Puertollano a 13 de marzo de 2018
