El Pleno de la Corporación Municipal ha aprobado de manera inicial la ordenanza municipal reguladora del estacionamiento y pernocta de autocaravanas, campers y caravanas en el municipio de Puertollano, ante la próxima apertura del aparcamiento de autocaravanas que la Diputación Provincial ha construido en la Dehesa Boyal.
El concejal de promoción económica, Félix Calle, argumentó que era necesaria una regulación, ya que en los últimos años el turismo itinerante o autocaravanismo ha experimentado un crecimiento muy significativo y la actual regulación normativa sectorial no es suficiente para responde de manera adecuada a los problemas que plantea esta actividad para todos aquellos usuarios, administraciones públicas y ciudadanos en general.
Según Calle es necesario llenar el vacío legal que existe de esta actividad en Puertollano para conseguir una mayor seguridad jurídica y establecer mayores garantías para los propios autocaravanistas, promotores y gestores de áreas de servicio y estacionamiento, bien sea de titularidad pública o privada, para los gestores de los servicios municipales (policía, hacienda, obras y licencias, etc.) y ciudadanos.
Además pretende fomentar el desarrollo económico del municipio, de manera especial con la promoción de espacios de uso público para autocaravanas, como yacimiento turístico y fuente de riqueza.
En la actual normativa, dijo Calle esta actividad concurren ámbitos competenciales que conlleva la necesidad de conciliarse. Mientras el Estado tiene la competencia exclusiva sobre tráfico y circulación de vehículos a motor, que se traslada a los municipios cuando se trata de regular el estacionamiento de autocaravanas.
Una ordenanza que se someterá a información pública y audiencia a los interesados por el plazo de 30 días para la presentación de reclamaciones y sugerencias, mediante publicación de este acuerdo en el portal web del Ayuntamiento, en el Tablón de Edictos y en el Boletín Oficial de la Provincia.
Se recabará de manera directa la opinión de las organizaciones o asociaciones reconocidas por ley que agrupen o representen a las personas cuyos derechos o intereses legítimos se vean afectados por la iniciativa reglamentaria y cuyos fines guarden relación directa con su objeto.
